El Estado había crecido desordenadamente sin que existiera un relevamiento integral de las empresas de las cuales era propietario o administrador, Un primer indicio provino del relevamiento preparado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas para el Consejo Empresario Argentino. Posteriormente se completó y perfeccionó el inventario efectuado, mediante un informe que redactó la Comisión Interministerial de Privatización de Empresas y que fuera elevado al Señor Presidente de la Nación en junio de 1978. Este documento constituyó el punto de partida para la intensa labor realizada por la conducción económica en este campo.
Los clasificó en cuatro grupos o "listas".
La lista 1 incluyó a aquellas empresas en que se previó la continuidad mayoritaria o exclusiva del Estado Nacional, Provincial o Municipal ya sea por imposibilidad de su privatización o por inconveniencia; la lista 2 incluyó a las empresas que debían ser privatizadas totalmente sin dilaciones; la lista 3 abarcó las empresas en Las que convenía incorporar o incrementar la participación privada sin dilaciones y la lista 4 se refirió a aquellas empresas en las que se decidió incorporar o incrementar la participación privada, pero cuya privatización parcial recién podría encararse en el futuro, por imposibilidad o inconveniencia en el momento actual.
Además de las empresas incluidas en el informe precedente, existían otras 382 en las cuales el Estado Nacional, a través del Banco Nacional de Desarrollo y de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, poseía participaciones accionarias que variaban entre menos del 1 % y casi el 40 % del capital total, sin que ejerciera los derechos políticos inherentes a dicha tenencia
Otro nutrido grupo de las firmas en manos públicas estaba constituido por diversos establecimientos que habían sido incluidos en el régimen establecido por la Ley N° 18.832, para mantener en funcionamiento las plantas. Pese a normas posteriores que dispusieron su privatización, ese objetivo no pudo ser cumplido y a principios de 1976 aún se encontraban en manos del Estado Nacional y recibían importantes asignaciones presupuestarias.
El último rubro destacable si bien no está íntimamente ligado a la privatización de empresas, es el de los inmuebles fiscales. El Estado era y aún lo es en medida apreciable propietario de inmuebles fiscales, muchas veces inexplotados, desocupados y en malas condiciones de conservación, que determinaban la inmovilización de importantes recursos a un fin de escasa productividad y la asignación de partidas presupuestarias para su mantenimiento.
La nómina de las empresas cuyas acciones fueron vendidas total o parcialmente o que han quebrado sin dividendo concursal es la siguiente:
EMPRESAS CUYAS TENENCIAS DE ACCIONES HAN SIDO TOTALMENTE VENDIDAS AL 30 DE JUNIO DE 1980
120. SCHIAVONI S.A.
121. SCHUCHARD S.A.
122. STOCKER S.A.
123. TERMAS VILLAVICENCIO S.A.
124. TRANSRADIO INTERNACIONAL S.A.
125. FOMALCO S.A.
126. SAN PABLO FABRICAC. DE AZUCAR S.A.
127. IMPORT. Y EXPORT. DE LA PATAGONIA SA.
128. INSTITUTO ROSEMBUSCH S.A.
129. TECNOMETAL S.A.
130. GOFRE, CARBONE Y CIA. S.A.
131. PERKINS ARGENTINA S.A.
132. CEMAC S.A.
133. GRIMALDI-CASA GRIENSU S.A.
El proceso iniciado en 1976 ha sorteado los mayores obstáculos hasta este momento y, en consecuencia, debe ser continuado y profundizado con el objeto de permitir una más adecuada concentración del Estado en sus funciones específicas y un mejor aprovechamiento de los escasos recursos disponibles, aprovechando la experiencia adquirida en el curso de los cinco años de gestión de gobierno.
Fuente: Memoria (Volúmenes 1 y 2) Ministerio de Economía 1976-1981.-
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